Las primeras deportaciones o traslados de nacionales de terceros países bajo el acuerdo migratorio entre República Dominicana y Estados Unidos estarían en curso, según advirtió la abogada migratoria Jennifer Meléndez, quien señaló que existen informaciones sobre posibles movimientos vinculados al memorándum, aunque todavía no hay reportes claros sobre quiénes habrían sido recibidos, cuántas personas serían ni dónde permanecerían localizadas.
Durante su participación este miércoles en Despierta con CDN, Meléndez explicó que una de las principales preocupaciones no está únicamente en el texto del acuerdo, sino en su ejecución práctica.
“No hay reportes claros de quiénes son los que ya han sido recibidos, porque ya hay noticias de que sí se han recibido personas; sin embargo, no se sabe dónde van a estar localizados”, afirmó la especialista en temas migratorios.
El Gobierno dominicano anunció que el país acogerá de manera temporal y excepcional a un número limitado de nacionales de terceros países deportados por Estados Unidos, bajo un memorándum de entendimiento no vinculante firmado en el marco de la iniciativa “Escudo de las Américas”.
La Cancillería ha señalado que el mecanismo excluye a ciudadanos haitianos, menores no acompañados y personas con antecedentes penales, y que se aplicará caso por caso.
Falta de reportes claros
La advertencia de Meléndez introduce un nuevo ángulo en el debate: la posibilidad de que el acuerdo ya haya comenzado a ejecutarse sin suficiente información pública sobre los casos concretos. La especialista dijo que no se sabe si se trata de una persona, dos o más, ni si ya hubo ingresos efectivos o solo autorizaciones vinculadas al proceso.
“El punto sensible es la trazabilidad. Si las primeras deportaciones están en curso, las autoridades tendrían que precisar quiénes son los trasladados, de qué nacionalidades proceden, bajo qué condición legal permanecerán en República Dominicana, qué entidad los supervisará, dónde estarán ubicados y cuánto tiempo durará su tránsito por el país”, afirmó Meléndez.
La abogada migratoria también planteó dudas sobre la verificación de antecedentes penales. Aunque las autoridades dominicanas han dicho que no se aceptarán personas con antecedentes, Meléndez recordó que en la práctica migratoria estadounidense muchos procesos de deportación se activan a partir de infracciones o situaciones vinculadas a problemas legales.
Aun así, la especialista reconoció que República Dominicana parece haber negociado condiciones más estrictas que otros países que han firmado acuerdos similares con Estados Unidos. Señaló que, a diferencia de otros modelos regionales, el esquema dominicano se presenta como una fórmula limitada al tránsito, sin entrada al sistema migratorio nacional ni apertura de procesos de asilo.
Abogan por transparencia
Sin embargo, insistió en que la credibilidad del acuerdo dependerá de la transparencia con que se informe su aplicación. En un tema tan sensible como la migración, la falta de reportes claros puede alimentar incertidumbre, sospechas políticas y preocupación ciudadana.
Hasta ahora, la explicación oficial ha insistido en que el país conservará control sobre cada caso. El canciller Roberto Álvarez aseguró que el acuerdo de nacionales de terceros países en tránsito (TCNA, por sus siglas en inglés) no obliga a República Dominicana a recibir solicitantes de asilo ni a procesar casos migratorios en su territorio.
En comparescencia pública el pasado 13 de mayo, Álvarez deslindó al país del esquema de “tercer país seguro”, asegurando que el acuerdo se circunscribe en una recepción temporal en suelo dominicano de estas personas, quienes retornarán a sus países de origen en cuestión de días, con el acompañamiento de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El “tránsito” en el centro del debate
Meléndez también cuestionó la amplitud del término “tránsito”, utilizado por el Gobierno para describir la permanencia temporal de estas personas en República Dominicana. Según la abogada, esa palabra necesita mayor precisión, porque puede significar un día, semanas o incluso meses, dependiendo de cómo se aplique el acuerdo y de si el retorno a los países de origen se realiza sin retrasos.
La Cancillería ha sostenido que Estados Unidos proporcionará respaldo financiero y operativo para garantizar condiciones adecuadas durante la permanencia temporal y facilitar el retorno ordenado de los nacionales de terceros países. Pero la especialista insistió en que la confianza pública dependerá de reportes verificables sobre la ejecución real del mecanismo.
En el caso dominicano, el Gobierno afirma que el esquema es limitado, temporal y bajo soberanía nacional. Pero si las primeras deportaciones ya están en curso, la principal presión ya no será explicar solo el memorándum, sino demostrar con datos concretos que cada traslado está documentado, autorizado, supervisado y sujeto a un retorno efectivo.
El contexto regional aumenta la sensibilidad del tema. Estados Unidos ha impulsado acuerdos con varios países para acelerar deportaciones de nacionales de terceros países, una política que ha generado críticas por la falta de transparencia pública de algunos convenios y por el riesgo de enviar personas a lugares con los que no tienen vínculos directos.
elcaribe.com
