Luego de que la jueza Kenya Romero dictara prisión preventiva a dos miembros de la cúpula acusados de corrupción, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), mostró su descontento con la decisión al considerar que no existían las condiciones para la imposición de la medida.
Los imputados Donald Guerrero, exministro de Hacienda y José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia durante la gestión del presidente Danilo Medina, fueron los dos únicos encartados en el proceso judicial denominado Calamar, a quienes la magistrada mandó a la cárcel de Najayo, mientras se desarrolla el proceso judicial.
La organización política cuestiona la decisión de la jueza y manifiesta que la imposición de la medida contra Guerrero y Peralta podría llevar a pensar que la magistrada está respondiendo a una presión de los medios de comunicación y de la opinión pública.
“Esto hace pensar que se trata de una decisión que no está basada en lo que establece la normativa procesal penal, sino más bien en un deseo de complacer en alguna medida la presión, política y mediática, tratando de quedar bien con todas las partes, algo que no corresponde al rol del juez imparcial”, resalta.
El PLD indica que lamentablemente esta es la situación en la que se ven obligados a ejercer su función los jueces del país.
“Presionados por algunos miembros del Ministerio Público que no terminan de entender que su labor debe circunscribirse al espacio judicial y no a la mediatización de los casos. Donde la incidencia de la prensa y de la opinión pública puede desembocar en lo que la procuradora general de la República ha llamado, muy acertadamente, juicios paralelos”, expresa.
A través de un comunicado, el partido morado dice que llama la atención que, en esta investigación, no se haya incluido a otras personas, las cuales, al admitir los hechos que se les atribuyen, “quedan claramente identificadas como autores principales de los ilícitos que el Ministerio Público imputa”.
Además, la misiva indica que el deseo del PLD es que se respete la presunción de inocencia y que el Ministerio Público no excluya por razones políticas o de cercanía con el Gobierno de Luis Abinader, a personas que deben ser investigadas y procesadas.
Expediente fue la gota que derramó el vaso
