El Colegio de Abogados depositó ayer en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) un recurso en contra de un proyecto público-privado para la inspección vehicular o cambio de revista, con el que aseguran se busca privatizar este sistema, además de beneficiar a un empresario extranjero acusado de fraude bancario.
De acuerdo con Miguel Surun, presidente del gremio, el plan que lleva a cabo el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) está lleno de irregularidades.
Dijo que, de acuerdo con informes que posee, el empresario venezolano Leopoldo López Boso es imputado por fraude bancario y de seguros en Venezuela, y que en su contra se emitió una orden de captura internacional.
“Por lo que las normas legales en materia de transparencia de República Dominicana lo inhabilitan para participar en procesos de contrataciones públicas”, manifestó Surun al hablar con la prensa a las afueras del edificio que alberga el TSA.
Explicó que por esta situación legal fue que se dejó sin efecto el proceso de licitación Intrant-CCC-LPI-2019-0001, “donde por primera vez se intentó entregarle de manera fraudulenta a dicho empresario la inspección técnica vehicular o revista” utilizando la compañía Consorcio de Inspección Técnica del Caribe.
A su entender, este proceso es nulo de pleno derecho, por beneficiar al Consorcio Inteve, representado por Castillo Holding Company, cuyo propietario es López Boso.
El recurso contencioso administrativo fue interpuesto también en contra de la Dirección General de Alianza Público Privada, indicando que esta entidad no puede emitir la Resolución 001-2022, sin cumplir con la auditoria social de factibilidad de implementación.
Surun aseguró que de concretarse las pretensiones del Intrant y Alianza Público Privada, los conductores se verán impedidos de circular en las calles si previamente no paguen el monto que exigirá dicha entidad.
