El Gobierno de Venezuela solicitó este jueves una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, «ante la grave escalada de agresiones y despliegue militar sin precedentes de EE.UU. en el Caribe», informó en su canal de Telegram el canciller venezolano, Yván Gil.
En comunicación dirigida al embajador ruso Vassily Nebenzia, quien ejerce la presidencia del organismo, Caracas expuso detalladamente las más recientes acciones de hostilidad de Washington y, sobre la base de declaraciones atribuidas al presidente Donald Trump, en las que se habría ordenado la suspensión de todos los canales diplomáticos con el país bolivariano, se solicitó la convocatoria «urgente» del Consejo de Seguridad para debatir a fondo la cuestión.
«En semanas recientes, en la región del Caribe Sur se ha registrado un despliegue militar sin precedentes por parte de EE.UU. y que incluye destructores misilísticos, aviones de combate, tropas élite, activos utilizados en operaciones especiales y misiones encubiertas, e incluso un submarino nuclear, todos los cuales se ubican a escasas millas de las costas venezolanas», se lee en la misiva firmada por el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada.
En la misma línea, Moncada llamó a recordar que estos actos constituyen «una violación de la letra y el espíritu del Tratado de Tlatelolco, respecto del cual los EE.UU. tiene obligaciones jurídicamente vinculantes, en tanto que parte contratante de sus Protocolos I y II, así como en una clara afrenta contra la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz».
«Máscara»
El diplomático venezolano aseguró que la lucha contra los cárteles, razón esgrimida por la Casa Blanca para justificar la presencia de barcos y aviones de guerra, tropas y un submarino nuclear, en realidad se trata de una «máscara» para encubrir «acciones intimidatorias», toda vez que no hay evidencia que respalde la existencia de rutas relevantes de narcotráfico hacia territorio estadounidense en el mar Caribe.
Del mismo modo, calificó de «desproporcionado e injustificado» el despliegue militar estadounidense en la región, que se ha traducido en «al menos cuatro episodios en los que […] se ha bombardeado embarcaciones civiles en aguas internacionales, cuyos tripulantes, tal como han expresado expertos independientes de las Naciones Unidas, han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales«, en clara violación a lo consagrado en la legislación internacional en materia de derechos humanos.
Se destaca asimismo que «el Departamento de Guerra de EE.UU. sin presentar evidencia alguna, ha insistido en sus operaciones de inteligencia para encubrir sus actos ilícitos, señalando que el Gobierno de su país ha determinado que los carteles de la droga que operan en el Caribe son ‘grupos armados no Estatales’, quienes fueron, además, declarados como ‘organizaciones terroristas’ y cuyas acciones se consideran como un ‘ataque armado contra EE.UU».
«Peligrosas declaraciones»
En particular, el texto recoge tres «peligrosas declaraciones» de Trump que, en opinión de las autoridades venezolanas, «dan cuenta de sus verdaderas intenciones y de la amenaza real que existe contra la integridad territorial y la independencia política de la República Bolivariana de Venezuela».
La primera se refiere a lo que expresara el dignatario estadounidense ante la Asamblea General de la ONU, donde manifestó su voluntad de emplear el poder militar de su país para «hacer volar» a Maduro; la segunda, correspondiente al pasado 3 de octubre, cuando notificó al Congreso sobre su determinación de asumir que el país está en «un conflicto armado no internacional con cárteles de la droga, a los que tachó de «combatientes ilegales».
La última ocurrió el pasado 4 de octubre, cuando dijo que tendría que «empezar a buscar por tierra» a los supuestos narcotraficantes que operan en aguas del Caribe, lo que Venezuela interpreta como un signo de «la inminencia de una violación» a su soberanía nacional por medio de «una manipulación del principio de legítima defensa», en la que se pretendería hacer pasar agresiones por «ataques preventivos» y, en el peor caso, entrañaría «una incursión militar estadounidense directa», pese a que tales acciones carecen de asidero fáctico y legal.
«Estamos hoy ante una realidad que no tiene precedentes en los últimos 200 años de historia republicana. Esta misiva, a partir de información probada, razonable y objetiva, confirma que un ataque armado por parte de EE.UU. contra la República Bolivariana de Venezuela puede ocurrir en un muy corto plazo. La movilización militar en curso, la escalada de las acciones hostiles y provocadoras, y la retórica cada vez más incendiaria así lo confirman», denunció el embajador venezolano.
Pretensión de blindaje
En criterio de Moncada, la votación que tuvo lugar en la víspera en el Senado estadounidense, cuando se rechazó con 51 votos en contra y 48 a favor una moción bipartidista que pretendía poner fin a los ataques militares contra pequeñas embarcaciones en el Caribe, muestra que dentro del Gobierno estadounidense hay posiciones encontradas sobre el tema y no todos apoyan «la operación de propaganda que se ha desplegado por todos los medios para justificar ante la opinión pública estadounidense una agresión directa contra Venezuela».
No obstante, advierte que «ante dicho resultado […], existe ahora la posibilidad de que el Gobierno estadounidense intensifique sus acciones hostiles en la región, argumentando falsamente tener carta blanca por parte del Congreso para ello, lo cual sólo terminaría por aumentar aún más la amenaza que impera hoy contra la paz y la seguridad de la región».
«En ese empeño, se valdría de la narrativa que ha venido construyendo, y que incluye el desconocimiento de las autoridades legítimas, constitucionales y democráticamente electas de nuestro país, a quienes ha tildado como líderes de supuestos carteles de las drogas, contra quienes ha declarado ahora la guerra», subraya el escrito.
Otros agravios
En el documento se refiere que desde enero pasado, cuando Trump asumió su segundo mandato, «ha venido ejecutando una serie de acciones orientadas a intensificar la agresión estadounidense contra la República Bolivariana de Venezuela», incluidas el arreciamento del «bloqueo económico, comercial y financiero» impuesto desde hace más de una década, pese a que la aplicación de medidas coercitivas unilaterales son «violatorias de toda norma del derecho internacional», en procura de conseguir «un cambio de régimen».
Se mencionaron asimismo los agravios contra los migrantes venezolanos a través de estigmatizaciones como «terroristas», «enemigos extranjeros» o «invasores»; el establecimiento de una recompensa por la captura del presidente Nicolás Maduro, acusado sin pruebas de liderar un cártel de drogas; e incursiones no notificadas de aviones a la Región de Información de Vuelo de Maiquetía, que sirve al principal aeropuerto civil del país.
