Las autoridades estadounidenses arrestaron a un supervisor de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) asignado a la oficina en la República Dominicana por su presunta participación en el abuso de un programa de visas destinado a informantes confidenciales.
Melitón Cordero fue detenido como parte de una investigación que lidera el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), según informaron a The Associated Press un funcionario actual y otro exfuncionario estadounidense bajo condición de anonimato, debido a que el proceso sigue en curso.
La detención ocurre después de que la administración del presidente Donald Trump ordenara el cierre abrupto de la oficina antinarcóticos en el país caribeño. Las autoridades calificaron el caso como una “repugnante y vergonzosa violación de la confianza pública”.
La embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah F. Campos, anunció el cierre temporal de la oficina de la DEA sin ofrecer detalles específicos sobre las razones. A través de la red social X, afirmó que no tolerará “ni siquiera la percepción de corrupción en ninguna parte de la embajada” que dirige.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez, aclaró que la decisión no guarda relación con el gobierno dominicano y responde únicamente a una investigación interna de Estados Unidos.
Cada año, la DEA, el FBI y otras agencias federales permiten el ingreso a Estados Unidos de cientos de ciudadanos extranjeros que, debido a su vínculo con actividades criminales, normalmente no podrían obtener una visa. Estas agencias patrocinan su entrada para que colaboren como informantes en investigaciones. Con el tiempo, muchos de ellos pueden solicitar la residencia permanente.
En 2019, un informe del inspector general del Departamento de Justicia detectó fallas en la supervisión de este programa. El informe reveló que las autoridades habían perdido el rastro de hasta 1.000 personas patrocinadas, lo que generó riesgos para la seguridad pública y nacional debido a sus antecedentes delictivos.
Las autoridades no han ofrecido más detalles sobre los cargos contra Cordero y ni el DHS ni la DEA han respondido a solicitudes de comentarios hasta el momento.
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