Parecería contradictorio que precisamente cuando aumenta la preocupación ciudadana ante la delincuencia y violencia, se levante la prohibición para importar armas de fuego y municiones.
Inclusive, que se haga mediante un argumento discutible de que se trata de frenar en el país la proliferación de armamentos ilegales de distintos calibres procedentes sobre todo de Estados Unidos y Haití.
Iríamos por mal camino si para combatir el auge de un mercado negro se flexibilizan las medidas que lo limitan, pero además es un tipo de lógica lleva implícita la incapacidad para controlar el ilícito.
Quizá lo que se busque con el decreto 30-23, que dispone la autorización de importación de armas y municiones para uso civil y exclusivo de empresas de seguridad privada, y que deroga el decreto 309-06, es atender un viejo reclamo de esas compañías.
O, de paso, aprovechar el servicio que estas ofrecen a personas que deciden pagar su seguridad privada frente a la deficiencia de la pública, ya que el decreto vendría también, de carambola, a reforzar y colaborar con el Plan de Seguridad Ciudadana, por la significativa presencia de estas compañías en condominios, residencias, torres, bancos, industrias, aeropuertos, muelles, fábricas… etcétera.
El hecho cierto en todo esto es que desde hace años (la prohibición data de 2006) las empresas de seguridad privada venían abogando para que se les permitiera renovar y modernizar lo que ellas llaman “instrumentos de trabajo”, es decir armas, municiones y materiales relacionados.
Lo que hay que evitar es que, amparada en la apertura, gente maliciosa burle el decreto, porque aunque este especifica que la autorización es solo por seis meses y para las empresas correspondientes, de conformidad con el procedimiento y requisitos establecidos, podrían verificarse ciertas truculencias como, por ejemplo, que no haya un efectivo control y seguimiento a las importaciones autorizadas.
Con las reservas que un tema tan delicado y poco simpático amerita, confiamos en que habrá una correcta y celosa aplicación de este decreto por el Ministerio de Interior y Policía, a cuyo cargo está su cumplimiento, y de parte de las compañías que brindan servicios de protección privada.
Ojalá sirva para afianzar a este tipo de empresas, que en la práctica sirven de auxiliares de las autoridades en materia de seguridad ciudadana.
fuenteelcaribe.com
