SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República (PGR) de conformidad con las atribuciones que le confiere la Ley 200 que norma los impedimentos de salida requirió a la Dirección General de Migración (DGM) mantener únicamente activos los impedimentos de salida del país y las alertas migratorias que cuentan con un sustento judicial.
En ese sentido, se procedió a retirar 56,140 de estos controles, tras analizar la data desde el año 1990 al 2026, detectando miles de expedientes cuyo fin ya había sido cumplido y continuaban en el sistema, afectado el libre tránsito de ciudadanos, la medida busca fortalecer el mantenimiento de las garantías de los derechos fundamentales de todas las personas.
Esta actualización del sistema migratorio se produce como resultado de más de seis meses de trabajo intensivo de una mesa técnica conjunta del Ministerio Público y Migración, la cual ha procedido a analizar la data desde 1990 para auditar a fondo, tres décadas de datos acumulados sin una actualización de oficio.
El análisis permitió verificar que, a través de los años, miles de personas acumularon registros que no cumplían con el sustento judicial requerido y limitaban el derecho al libre tránsito, ya sea por procesos judiciales cumplidos hace tiempo, incluyendo casos producto de errores administrativos con órdenes judiciales sin individualizar.
Con ese propósito, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, requirió formal y oficialmente al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD, que, sin importar quién lo haya colocado, se priorice el levantamiento de: 1) Registros individualizados que carecían de base legal, 2) Registros históricos no individualizados (acumulados entre 1990 y 2026) y 3) Registros individualizados, pero ya cumplidos sus fines.
La PGR y la DGM explicaron, que con esta iniciativa, reafirman su rol como garantes de los derechos ciudadanos (Art. 169 de la Constitución) y refuerzan la protección de los derechos a la libertad personal y al libre tránsito (Art. 40 y 46), en estricto apego a la Ley núm. 200 sobre Impedimentos de Salida y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
La mesa técnica interinstitucional continuará trabajando hasta la depuración total de la data y la implementación de un nuevo sistema de interoperabilidad para la colocación y levantamiento de impedimentos de salida cuya entrada en vigencia se tiene prevista para diciembre del presente año 2026.
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