SANTO DOMINGO.- Una persona con múltiples antecedentes delictivos tiene pocas posibilidades de reinsertarse en la sociedad, a juicio del presidente Luis Abinader, quien este lunes defendió la aplicación del cúmulo de penas contemplado en el nuevo Código Penal.
«Una gente que tenga 10 fichas es muy difícil que se. Yo no le veo muchas posibilidades de poder reincorporarse a la sociedad, aunque nunca se renuncia», expresó el mandatario durante las entrevistas que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a los aspirantes a integrar la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
El jefe de estado defendió la necesidad de contar con sanciones que respondan a las modalidades actuales de la delincuencia.
«Nos estamos adaptando también al tipo de criminalidad del momento; se necesita ya una reacción con un código que pueda encarar esos retos que tenemos actualmente», sostuvo al referirse a las disposiciones incorporadas en el nuevo Código Penal.
El comentario surgió durante la entrevista a Miguelina Beard Gómez, aspirante a la Suprema, quien defendió la implementación del cúmulo de penas de hasta 60 años de prisión contemplado en la Ley 74-25, que instituye el Código Penal de la República Dominicana.
El tema también provocó un intercambio entre Abinader y Rafael Armstrong Báez García, juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y aspirante a la SCJ, quien planteó que el endurecimiento de las sanciones no resuelve por sí mismo las causas que generan la delincuencia y recordó que la pena privativa de libertad también tiene como finalidad constitucional procurar la reinserción social.
«El tema del cúmulo de penas no va a resolver los problemas de la criminalidad, absolutamente. 60 años de prisión en un país donde el promedio de vida es 72, es algo que no necesita mucha explicación», manifestó el magistrado.
Explicó que detrás del cúmulo subyace la denominada teoría de la incapacitación, mediante la cual se busca apartar durante un período prolongado a quienes cometen determinados delitos. Sin embargo, advirtió que esa finalidad puede entrar en tensión con el propósito de reinserción.
«Y ahí viene el gran dilema. El gran dilema es la razón de ser del derecho penal y la razón de ser de la pena. Ambas razones son irreconciliables», afirmó.
Báez García insistió en que las políticas públicas deben concentrarse también en generar condiciones que reduzcan las posibilidades de que las personas incurran en actividades delictivas, aunque reconoció que el Estado no puede impedir de manera absoluta que se produzcan hechos criminales.
Abinader coincidió en la importancia de atender las causas de la delincuencia y fortalecer la prevención, pero discrepó respecto al efecto del aumento de las penas. «Mayores penas también está probado, que es una disuasión», afirmó.
Reconoció que se trata de una discusión criminológica sobre la que existen distintas posiciones, pero reiteró que sanciones más severas pueden contribuir a desalentar la comisión de determinados delitos.
