El funcionario insistió en que la Ley 30-26 no debe ser definida como una reforma fiscal integral ni como un simple parche. Aseguró que la pieza incorpora cambios al Código Tributario, formaliza acuerdos de pago, regula descuentos por pronto pago y actualiza definiciones que, a su juicio, requerían revisión desde hace años.
Medidas entrarán en vigencia de forma escalonada
El ministro explicó que la derogación del impuesto de 1 % a la constitución de compañías tendrá aplicación inmediata. En cambio, la eliminación del impuesto de 2 % a las hipotecas se realizará de forma gradual durante dos años, mientras que el gravamen selectivo a los seguros de vida será desmontado en un período de tres años.
Díaz indicó que varias disposiciones comenzarán a regir a partir de enero de 2027, entre ellas la ampliación del régimen simplificado de tributación, la eliminación de anticipos para determinados contribuyentes y la indexación del mínimo exento del Impuesto sobre la Renta. Otras medidas, como los ajustes tributarios aplicables a bancas deportivas y transacciones financieras, entrarían en vigor desde julio, una vez la DGII complete los cambios operativos necesarios.
La Ley 30-26 contempla una sobretasa temporal de tres puntos porcentuales al ISR empresarial para compañías con ingresos superiores a RD$1,000 millones anuales. Según el Gobierno, la medida alcanzaría a poco más de 1,000 empresas de unas 140,000 que presentaron declaración de ISR en 2025.
Combustibles, subsidios y la reforma fiscal pendiente
Sobre el comportamiento de los combustibles, Díaz afirmó que el Gobierno acumula más de RD$20,500 millones en subsidios durante las semanas de mayor presión internacional sobre el petróleo. Explicó que Hacienda analiza mecanismos de cobertura o seguros financieros para limitar la exposición del país a aumentos bruscos de los precios internacionales.
El ministro también defendió la necesidad de revisar la focalización de subsidios y señaló que el Sistema Único de Beneficiarios será sometido a un proceso de depuración para reducir errores de inclusión y exclusión. Sin embargo, advirtió que la revisión no necesariamente producirá un ahorro fiscal considerable, debido a que también existen hogares vulnerables que aún no reciben asistencia estatal.
Díaz sostuvo que la discusión de fondo sigue abierta: República Dominicana mantiene un déficit estructural cercano a 3 % del producto interno bruto y deberá abordar, en algún momento, una reforma más amplia sobre gasto público, ingresos, calidad institucional y protección social. El cierre fiscal de 2025 registró un déficit equivalente a 3.45 % del PIB, según datos oficiales.
