Washington, (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó este jueves al expresidente cubano Raúl Castro como un «fugitivo» de la Justicia estadounidense, pero se negó a comentar planes para arrestarlo.
Las declaraciones del jefe de la diplomacia estadounidense se producen el día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos de asesinato contra el hermano menor de Fidel Castro por el derribo de dos avionetas de una organización del exilio cubano hace 30 años.
«No voy a hablar de cómo lo traeríamos aquí. ¿Por qué le diría a los medios cuáles son nuestros planes al respecto? En definitiva, en ese punto se ha convertido en un fugitivo de la Justicia estadounidense, y ya saben, si hay algún anuncio al respecto, se los comunicaremos después, no antes», declaró Rubio a la prensa en Miami previo a emprender un viaje oficial a Suecia e India.
El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que las pruebas contra Castro «son claras» dado que el expresidente «admite abiertamente y presume de que derribó a civiles y de que dio la orden de derribar aviones civiles».
EE.UU. afirma tener pruebas contra Raúl
Raúl Castro, de 94 años, fue acusado el miércoles ante la Justicia estadounidense por la muerte de cuatro aviadores de la organización Hermanos al Rescate en 1996, cuando era ministro de Defensa.
En el centro de la investigación hay una grabación de junio de ese año con periodistas cubanos en la que Castro habría confesado que ordenó derribar las dos avionetas.
Su caso ha levantado especulaciones sobre si la Administración de Donald Trump prepara la captura de Castro como hizo en enero pasado en Venezuela con Nicolás Maduro, quien afronta un juicio por narcotráfico en Estados Unidos.
La acusación contra Castro supone un paso más en la presión que Estados Unidos ejerce sobre la isla, tras haberle impuesto un bloqueo energético y luego de las amenazas de Trump de «tomar el control» del país caribeño.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, declaró el miércoles que la acusación contra su predecesor tiene motivos políticos, carece de base jurídica y busca «justificar» una futura agresión militar estadounidense.
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