Santo Domingo, 18 may (EFE).- La organización Amnistía Internacional (AI) pidió al gobierno de República Dominicana «separar de inmediato el acceso a la salud del control migratorio», en una nueva crítica a un protocolo local que vincula el uso de servicios sanitarios por parte de haitianos indocumentados con la deportación.
El país caribeño, que asumió este lunes la presidencia de la Asamblea Mundial de la Salud, debe garantizar «que nadie sea objeto de discriminación racial, detención y expulsión luego de recibir atención médica», señaló AI en un comunicado.
La ONG global apuntó que el cargo asumido este lunes por el país en Ginebra, Suiza, «exige coherencia interna y el fin de la discriminación racial».
LLAMADO DE ONG AL GOBIERNO DOMINICANO
«Al asumir la presidencia del principal foro mundial de salud, el gobierno del presidente Luis Abinader en la República Dominicana tiene la responsabilidad de demostrar que su liderazgo internacional se traduce en garantías reales de acceso a la salud para todas las personas dentro de su territorio, sin discriminación racial», subrayó la nota.
Para la ONG, «resulta gravemente contradictorio» que el país presida la Asamblea Mundial de la Salud «mientras pone en riesgo la salud de personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, perpetuando prácticas que pueden disuadirles de acudir a hospitales por temor a ser deportados a Haití».
«El gobierno dominicano debe separar de inmediato el acceso a la salud del control migratorio y garantizar que nadie sea objeto de discriminación racial, detención y expulsión luego de recibir atención médica», concluyó.
VERIFICACION DE QUE PACIENTES TENGAN IDENTIFICACION
El protocolo, establecido en abril de 2025, dispone que inspectores y agentes migratorios verifiquen que los pacientes tengan una identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio en el país y cubran el costo de los servicios recibidos.
En caso contrario, serán atendidos médicamente y, una vez recuperados, deportados.
En octubre de 2024, el presidente Abinader ordenó la deportación masiva de migrantes en situación irregular, unos 10.000 por semana, lo que afecta en su totalidad a los haitianos, pese a los llamamientos de organizaciones y organismos internacionales para que no se lleven a cabo devoluciones a un país azotado por la violencia.
En 2025, la República Dominicana deportó a 370.000 haitianos, un 37,4 % más que en 2024, de acurdo con cifras oficiales.
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