Más allá de los fines de austeridad que invoca el Gobierno y de cuán simpática en algunos sectores sociales resultare la reducción del financiamiento estatal a los partidos políticos, recortar un 50% en la asignación prevista para 2026 tiene varias implicaciones, entre ellas que afecta la equidad en la contienda electoral y la sana competencia.
Es una situación sobre la que ha llamado la atención la Junta Central Electoral (JCE) en un comunicado, con el que rechaza la disminución al sistema de partidos, lo cual tiene lógica porque tal medida no impactaría en todos ellos por igual.
Al margen de que el porcentaje de la reducción sea proporcional, en la práctica podría resultar inequitativo porque obviamente el partido de gobierno tiene acceso a más recursos estatales.
Por ello la JCE ha sido certera y objetiva al escudriñar en el diccionario expresiones como “equidad” y “sana competencia”, junto a otras sólidas consideraciones que incluyen el impacto negativo que la mutilación de fondos tendría en los principios de certidumbre, legalidad e integridad electoral.
La JCE también cita artículos de la Constitución y de la Ley Electoral 20-23, lo que debiera motivar al Poder Ejecutivo a reconsiderar su intención, quizá inspirada en la mejor buena fe por los constreñimientos que impone la nueva realidad de la guerra, aunque el monto involucrado en la transacción, unos RD$800 millones, no marca ninguna diferencia.
A veces resulta manida la expresión de que debemos valorar el régimen democrático y la estabilidad en varios órdenes de que gozamos los dominicanos, pero solemos olvidar con frecuencia que, al margen de cualquier señalamiento sobre su desempeño práctico, los partidos políticos como sistema juegan un rol determinante.
Sin desmeritar las razones que esgrime el Gobierno para un ahorro de RD$40 mil millones en respuesta al impacto económico de la crisis energética provocada por el conflicto en Medio Oriente, nos alineamos con la JCE y su comunicado para que se garantice la libertad, transparencia, igualdad y objetividad de los procesos electorales, con lo que el órgano electoral asume responsablemente su misión de velar por la equidad en las campañas electorales y que haya, además, sana competencia.
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