El gobierno del presidente Luis Abinader tiene varios frentes abiertos, que convierten el escenario en una tormenta perfecta. Con presión social desde los empresarios hasta la población en la calle, tensión económica por el impacto de la crisis petrolera y radicalización política de la oposición por el recorte del 50% de los fondos de los partidos políticos.
La presión económica sobre las finanzas públicas obligó al gobierno la pasada semana a informar de un plan de austeridad para ahorrar 40 mil millones de pesos, mientras que el subsidio para los combustibles este año, ya superó por más de 2 mil millones porque el gobierno presupuestó 12 mil millones para esos fines. Mientras, el precio del petróleo mantiene la volatilidad, el precio sigue alto y oscila entre noventa y cien dólares el barril.
El impacto de la crisis petrolera ya ha provocado alzas de 28 y 24 pesos en la gasolina y gasoil premium y el gasoil y gasolina regular, respectivamente.
El Gobierno anunció un subsidio adicional de 800 millones a los transportistas para evitar que el aumento en los precios de los combustibles se transfiera a los usuarios. Igualmente, sostuvo encuentros con el sector comercial, que valoró los esfuerzos del Gobierno para evitar el alza de los precios de productos de primera necesidad.
Sin embargo, el comercio de detallistas afirma que la versión de que los productos no han subido de precio, no se corresponde con la realidad, según dijo Gilberto Luna, presidente del Comercio de Provisiones y Pymes de la República Dominicana (Confecomercio).
“El Gobierno está empecinado en decir que los precios están estables y que no van a subir, cuando la realidad es totalmente diferente”, afirmó.
El ministro de Industria y Comercio, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, declaró que si es necesario buscar más recursos para sostener la economía, el gobierno identificará otras fuentes para sumarla a los 40 mil millones anunciados la pasada semana.
Por otro lado, el Gobierno logró bajar la presión de las calles en San Juan, con el anuncio del presidente Luis Abinader de detener toda actividad minera en El Romero, en la provincia sureña, sin embargo, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), criticó la decisión y advirtió la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y de que esas decisiones deben fundamentarse en estudios técnicos, lo que no ocurrió en esta ocasión.
“Estoy en desacuerdo con la detención de cualquier actividad relacionada con el proyecto Romero, pues plantea interrogantes sobre resguardar procesos institucionales claros, basados en evidencia. El potencial de una minería responsable y posible equilibrio social, ambiental y económico”, expresó César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Conep luego del anuncio del gobernante.
En ese mismo sentido se pronunció la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) que externó preocupación por los efectos institucionales, económicos y de confianza para los inversionistas que genera la decisión presidencial.
La entidad llamó a revisar la ley de Minería a los fines de establecer reglas claras sobre seguridad jurídica, altos estándares ambientales, transparencia y participación social efectiva.
Otro efecto de la medida, es que otras comunidades que reclaman el respeto al medio ambiente y rechazo a la concesión de exploración y explotación minera.
Es el caso del movimiento “Unidos somos Más” que dirige el padre Ramón Ramos (Nino) que convocó una caminata para el 24 de mayo a las dos de la tarde, con el objetivo de presionar para que la cordillera septentrional sea declarada monumento nacional libre de toda explotación minera.
Además, se pronunció en contra de la construcción de la Autopista del Ámbar, porque, afirma, que no es solo un proyecto vial, sino que supuestamente forma parte de una estrategia para intereses mineros ulteriores.
Tanto los cabecillas de las protestas de San Juan, como del movimiento Unidos somos Más, han saluda la decisión de Abinader de detener la actividad minera en El Romero, pero afirman que la medida no soluciona la amenaza permanente, que afirman, representan los intereses mineros para los recursos naturales en el país.
La presión de la población y sectores ambientalistas, seguirá en el Congreso luego que varios legisladores de San Juan sometieron un proyecto que busca declarar área protegida El Romero.
Gobierno provoca presión política
El gobierno luego de un intento de acercamiento con la oposición, el resultado fue una radicalización de los principales partidos, luego que el gobierno anunció un recorte del 50% al financiamiento de las organizaciones políticas para este año.
El Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (FPPPREDOM), acudió ayer a la Junta Central Electoral (JCE) a los fines de advertir sobre el impacto en el desenvolvimiento de las organizaciones que provocaría la medida.
En tanto, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advirtió que acudirá a los tribunales para defender el financiamiento público debido a que la medida afecta el desenvolvimiento de entidades constitucionalmente instituidas como los partidos políticos.
El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, fue más lejos, sugirió que el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) no afecte más a la oposición con el recorte de fondos y que done la totalidad de la partida que recibe de la JCE porque “ellos sí saben por dónde se ordeña la vaca”.
El expresidente también advirtió que nota una intención en la gestión del PRM de afectar los partidos políticos porque desde que llegó al Gobierno ha amenazado con reducir los recursos que reciben del Estado, como ocurrió en 2020.
Diálogo con partidos fue fracaso y sube hostilidad
El aumento de la hostilidad entre el gobierno y la oposición, ocurre luego de una ronda de diálogo que propuso el gobierno para lograr consenso sobre las medidas para enfrentar el impacto de la crisis petrolera en el país. Con esa meta, la comisión del gobierno encabezada por el ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza, visitó al presidente del PLD y expresidente, Danilo Medina y al presidente de la FP y expresidente, Leonel Fernández, a los fines de consensuar un plan para enfrentar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio.
