SANTO DOMINGO. – La Dirección General de Migración (DGM) reiteró que, hasta el momento, no ha sido presentado ante la institución ningún caso concreto en el que se haya acreditado una actuación contraria al ordenamiento jurídico en materia de residencias y que sus decisiones administrativas, se rigen estrictamente por la Ley No. 107-13 sobre procedimiento administrativo.
La institución aclaró que las solicitudes rechazadas responden a expedientes que no cumplen con los requisitos establecidos en la legislación dominicana. En estos casos, la DGM ha adoptado acciones administrativas basadas en criterios técnicos y legales definidos, desmintiendo que se trate de decisiones arbitrarias, sino de una aplicación rigurosa de las normas vigentes para regular la permanencia de extranjeros.
Citó que entre las causas principales para la denegación de una residencia o permiso migratorio se encuentra la ausencia del visado correspondiente, inconsistencias en la documentación presentada, la no presentación de antecedentes penales en el país de origen u otras jurisdicciones, resultados positivos en pruebas toxicológicas que evidencien consumo de sustancias prohibidas y objeciones emitidas por organismos de seguridad del Estado.
La DGM enfatizó que estos criterios no constituyen decisiones arbitrarias, y responden a las normas vigentes establecidas para de regular la entrada y permanencia de ciudadanos extranjeros en el país. También señaló que, ante la alta frecuencia de documentos falsificados o adulterados presentados en expedientes, la institución ha tenido que reforzar los mecanismos de verificación.
Entre las irregularidades detectadas figuran visados falsos, pasaportes adulterados, apostillas falsificadas, certificaciones bancarias inexistentes y cartas laborales manipuladas.
Informó que estos y otros trámites para ciudadanos extranjeros se realizan cumpliendo las normas de la Ley General de Migración No. 285-04, su reglamento de aplicación y las disposiciones que regulan la permanencia legal de extranjeros en el país.
La institución reitera que la República Dominicana mantiene una política migratoria abierta y transparente; reafirmando su compromiso de continuar fortaleciendo la institucionalidad migratoria del país y garantizar que todos los procesos administrativos se conduzcan con apego a la Constitución y a las leyes.
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