Santo Domingo, 24 abr (EFE).- Los Gobiernos de República Dominicana, Costa Rica y Ecuador condenaron este viernes «en los términos más enérgicos» la incautación de un buque con bandera panameña por parte de Irán en el estrecho de Ormuz y exigieron su «liberación inmediata».
El buque MSC-Francesca, de bandera de panameña y propiedad italiana, fue incautado esta miércoles de manera «ilegal» por parte de Irán cuando transitaba alrededor del estrecho de Ormuz, informó la cancillería de Panamá.
En un comunicado conjunto, los gobiernos de República Dominicana, Costa Rica y Ecuador exigieron la «liberación inmediata del buque y de su tripulación», así como el «cese de toda acción que vulnere la libre navegación en aguas internacionales».
Consideraron que dicho acto constituye una violación «inaceptable» del derecho internacional y un «desafío directo a uno de los principios esenciales del orden jurídico global: la libertad de navegación».
VULNERA DERECHOS SOBERANOS DE PANAMA
La acción de Irán «no solo vulnera los derechos soberanos de Panamá como Estado de abanderamiento», sino que «compromete gravemente la seguridad» de una de las rutas marítimas más críticas para el comercio y la estabilidad energética mundial, indicaron.
Recordaron que la libertad de navegación —incluido el derecho de paso inocente y el «régimen de tránsito en tránsito por los estrechos utilizados para la navegación internacional»— está «universalmente reconocida y jurídicamente consagrada» en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
TRANSGRESION DELIBERADA VULNERA CONFIANZA SISTEMA
«Su respeto no es opcional ni sujeto a interpretaciones unilaterales. Su transgresión deliberada erosiona la confianza en el sistema internacional y sienta un precedente peligroso que la comunidad de naciones no puede tolerar», advirtieron los tres países.
Asimismo, llamaron la atención sobre el uso de la fuerza o de medidas coercitivas contra embarcaciones civiles en tránsito internacional, lo que constituye una «escalada inaceptable» e «incompatible con las obligaciones internacionales que rigen el comportamiento de los Estados».
«Ningún país puede arrogarse la facultad de interrumpir arbitrariamente el flujo del comercio marítimo global ni de instrumentalizar los estrechos internacionales con fines de presión política o estratégica», expresaron.
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