Son muchos los plazos legales que el organismo tiene por delante, algunos de ellos fatales, que se podrían ver entorpecidos por la falta de recursos en unos casos, y en otros porque no se dispondría del andamiaje legal como lo concibió el Pleno en sus propuestas de modificación de las legislaciones 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, y la 15-19 Orgánica de Régimen Electoral.
Pese al reto que significa que no se pueda contar con el presupuesto requerido ni con las leyes mencionadas, que fueron “podadas” o “chapeadas” bajito en muchas de sus iniciativas por los tribunales Constitucional, Superior Electoral y Administrativo, la JCE dice que igualmente montará las elecciones.
Esa voluntad del Pleno de la JCE de cumplir la tarea encomendada a pesar de todo, es encomiable pero debiera
entenderse que lo que está de por medio es el grave compromiso de administrar dos procesos electorales umbilicalmente ligados a nuestro futuro en democracia.
El presidente del órgano electoral llama “preocupaciones” a la falta de fondos y a la no actualización de las leyes, y les suma el vacío reglamentario para normar los actos proselitistas a destiempo, para lo cual la JCE hizo la tarea, pero los partidos se conciertan para ignorarla.
Entorpecer la labor de la JCE en estos tres aspectos esenciales, a las puertas del año preelectoral, da para pensar que se pretende pescar en río revuelto.
Retrasar a la JCE en sus funciones de administrar y conducir las elecciones conspira contra el deseo colectivo de que los procesos de febrero y mayo resulten transparentes.
Es momento de respaldar ahora a la JCE en sus reclamos, porque de nada sirve que el dinero aparezca para el Presupuesto Complementario de mediados del próximo año, ni que los congresistas le aprueben “la ley posible”, hecha a su medida, como suele ocurrir.
No mencionamos, por impensable, la posibilidad de que el acorralamiento obedezca a intentos de generar desconfianza y restar legitimidad, pero una primera y única lectura del mortificante escenario es que hay una conjunción de voluntades para que la JCE no haga su trabajo como lo tiene planificado.
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