La Comisión de Infraestructura de la Fuerza del Pueblo (FP) exigió este lunes la suspensión inmediata de la licitación del Monorriel de Santo Domingo, al considerar que el proyecto, impulsado bajo el fideicomiso FITRAM, presenta irregularidades legales, falta de transparencia y un costo superior al del Metro, pese a tener menor capacidad y eficiencia operativa.
Durante una conferencia de prensa celebrada en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, el ingeniero César Fernández, al hablar en nombre de la Comisión de Infraestructura, explicó que el proceso FITRAM-CCC-LP-2025-0001 vulnera principios establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, y alertó que el modelo de ejecución adoptado “pone en riesgo la sostenibilidad financiera y técnica del transporte masivo en el país”.
En su declaración, Fernández dejó claro que la Fuerza del Pueblo no se opone a ampliar el transporte público.
“Creemos en la movilidad masiva, moderna y eficiente como un derecho de la gente”, precisó, al tiempo de afirmar que el partido respalda todo proyecto de transporte que sea viable, transparente y sostenible para la ciudadanía.
Al abordar la capacidad y planificación del Monorriel, Fernández indicó que el sistema propuesto nace por debajo de la demanda real del corredor, con una capacidad tope de 20 mil pasajeros por hora/sentido, frente a los 27 mil que ya maneja el Metro de Santo Domingo.
A su juicio, escoger un modo de menor capacidad en un eje de alta demanda “condena a la red a la saturación temprana”, obliga a mayores intervalos de paso y limita la posibilidad de absorber crecimientos de flujos en horas pico.
Fernández agregó que el esquema 100 % elevado y la tecnología propietaria del monorriel restringen la escalabilidad y dificultan la integración plena con el sistema existente (Metro y corredores alimentadores). Señaló que cambios de flota, ampliaciones de estaciones y evacuaciones en altura encarecen y complican la operación, cuando el país ya dispone de una infraestructura metroviaria probada y escalable.
En ese sentido, Fernández al presentar el informe de la comisión citó al ingeniero Jeffrey Infante, quien abordó los costos y operación del proyecto, destacando que el costo por kilómetro del monorriel se sitúa en una banda superior a la del Metro, pese a entregar menor capacidad.
Infante detalló que la combinación de viaductos continuos, aparatos de vía especiales, material rodante específico y repuestos no estandarizados eleva la inversión inicial y los costos de ciclo de vida.
“No hay ahorro fiscal: se paga más por transportar menos”, resumió el comisionado.
De acuerdo con Fernández, Infante también advirtió que el gasto operativo del monorriel tiende a ser más alto por consumo energético, mantenimiento de vigas y logística de rescate o evacuación, rubros que presionan la sostenibilidad financiera del proyecto. A esto se suma la dependencia de proveedores únicos, lo que aumenta riesgos y reduce márgenes de negociación para el Estado.
A continuación, Fernández citó al comisionado Wilkin Moreno, quien trató el tema de los riesgos y estándares internacionales.
Moreno señaló que, conforme a buenas prácticas internacionales, los monorrieles se recomiendan para corredores de demanda media, mientras que para flujos sostenidos por encima de 20–24 mil pasajeros por hora/sentido, la literatura técnica sugiere metro pesado, por su robustez, redundancia y capacidad de crecimiento.
“El diseño debe responder a la demanda del corredor, no a la novedad tecnológica”, puntualizó.
Fernández explicó que, según Moreno, existen riesgos operativos asociados a evacuaciones en altura, interrupciones por fallas en un viaducto único y tiempos de recuperación ante incidentes, factores que impactan en la confiabilidad del servicio.
“La resiliencia y la seguridad operacional son determinantes en un sistema masivo, y no se evidencian garantías suficientes en el pliego para mitigar estos riesgos”, precisó Fernández.
En lo referente a los fideicomisos y la opacidad financiera, Fernández citó al diputado Tobías Crespo, quien denunció falta de transparencia en la estructura fiduciaria del FITRAM, al operar con escaso control parlamentario y sin auditorías externas publicadas.
Crespo reclamó la divulgación del contrato de fideicomiso, sus estados financieros, la matriz de riesgos y los compromisos contingentes para el fisco, a fin de evitar que el proyecto genere endeudamiento encubierto o obligaciones futuras no autorizadas.
“El país no puede comprometer recursos multimillonarios sin una debida diligencia completa y transparente”, subrayó.
Posteriormente, Fernández citó al arquitecto Carlos Sully Bonelly, quien analizó los aspectos de transparencia y licitación.
Bonelly cuestionó el proceso licitatorio, al considerar que presenta deficiencias de transparencia, plazos y condiciones restrictivas, así como documentación técnica incompleta para una contratación de esta envergadura.
Sostuvo que tales condiciones afectan la libre competencia y pueden favorecer indebidamente a determinados oferentes.
“Sin información completa y verificable, no hay transparencia ni competencia efectiva”, afirmó.
De igual forma, Fernández citó al jurista Manuel Fermín Cabral, quien expuso sobre las irregularidades legales y la Ley 340-06.
Fermín Cabral advirtió posibles violaciones a los principios rectores de dicha ley, particularmente los de publicidad, igualdad, transparencia y libre competencia.
Señaló que un proceso con bases incompletas o restrictivas podría ser susceptible de impugnación e incluso de nulidad.
Llamado de la Comisión
Al cierre de la exposición, el ingeniero César Fernández, en nombre de toda la Comisión de Infraestructura de la Fuerza del Pueblo, reiteró el llamado a suspender de inmediato la licitación FITRAM-CCC-LP-2025-0001, auditar el fideicomiso FITRAM y reorientar la inversión a la expansión del Metro de Santo Domingo, “un sistema de mayor capacidad, menor riesgo y mejor retorno social para el país”.
Asimismo, la comisión instó al Gobierno y a los órganos de control a responder públicamente a estas observaciones, publicar los estudios completos del proyecto y convocar audiencias técnicas con participación de la academia, colegios profesionales y sociedad civil, antes de comprometer recursos del Estado.
