El 2 de octubre de 2023, ADOCCO presentó ante la DIGEIG la denuncia D23-0080, acusando al entonces ministro de Educación de omitir la Constructora Playa Morón en su Declaración Jurada de Patrimonio. La organización alegó que la empresa había adquirido un terreno en Samaná valorado en más de RD$31 millones, lo que debía reflejarse en el documento oficial.
La Dirección de Investigación y Seguimiento de Denuncias verificó documentos de la Cámara de Comercio, la ONAPI y el Registro de Títulos. El análisis confirmó que la compañía existía antes de la designación de Hernández, pero carecía de activos al momento de la primera declaración. El inmueble lo adquirieron meses después, lo que generó la omisión detectada.
El informe establece que en octubre de 2023, Hernández presentó una rectificación de su declaración jurada, incorporando la Constructora Playa Morón y otras sociedades. La Cámara de Cuentas acogió la corrección como válida, conforme a la Ley 311-14. Con ello, la DIGEIG concluyó que la denuncia había perdido fundamento legal.
En su declaración pública, Ortiz Bosch señaló que la DIGEIG actuó dentro de los límites de la ley y que nunca hubo prevaricación:
“No hemos prevaricado. Conocemos la gravedad de esta figura en el ordenamiento jurídico. En el informe no hay alteración de hechos ni desnaturalización de los mismos: únicamente se cumplió con el deber institucional de respetar las facultades la Cámara de Cuentas”.
Además, cuestionó que ADOCCO ignorara que la Cámara de Cuentas es la autoridad constitucional competente en materia de declaraciones juradas.
El informe oficial, fechado el 30 de octubre de 2023, notificó tanto a Hernández como a ADOCCO que la falta había sido subsanada, procediendo al archivo definitivo del caso.
