La información servida por la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP) sobre la suspensión de un procedimiento realizado por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) para la “adquisición de pitos con su portapitos” debido a la falta de estudios previos publicados, podría quedar como una corrección al procedimiento utilizado, pero llaman la atención los “ruidos” frecuentes en temas relacionados.
Inclusive, es el tercero desde agosto, porque están frescas las observaciones de la propia DGCP sobre irregularidades en tres procedimientos de licitación pública realizados por parte del Inabie que provocaron la salida del cargo de su director ejecutivo y, casi concomitantemente, la solicitud de investigación que declaró nula una contratación directa realizada por el SeNasa cuyo director también fue separado del puesto.
Son solo tres ejemplos recientes que ilustran que, o hay funcionarios que desconocen procedimientos elementales para licitar y contratar, o que el ilícito podría estar ganando cuerpo y que muchas irregularidades podrían estar pasando por debajo de la mesa.
De momento no hay necesidad de presumir mala intención, pero los casos mencionados dan pie para insistir en que el ciudadano pueda tener acceso a toda la información disponible, anunciada en lugares públicos, y a tiempo.
Quizá los pitos con determinadas especificaciones sean imprescindibles para los agentes de la Digesett, como las chacabanas blancas para los dignatarios que asistirán a la Cumbre de las Américas de diciembre; pero lo que no se discute porque evita confusión y hasta que se pasen malos ratos, es que vivimos en una etapa de transparencia y de rendición de cuentas, y que es así no porque el funcionario tenga que desnudarse, o porque las instituciones públicas y privadas lo deseen; es porque no hay otra opción.
No puede existir espacio para el silencio administrativo en el manejo de dineros del contribuyente, aunque quizá sea una acción bienintencionada.
La fiscalización y control del uso de los fondos públicos no puede quedarse en discursos altisonantes mientras en la práctica se hace otra cosa.
Bien por la Dirección General de Compras y Contrataciones. Mal por Digesett, Inabie y SeNaSa.
fuenteelcaribe.com
