El presidente Abinader ha insistido hasta la saciedad en un punto: La crisis de Haití ha dejado de ser un asunto migratorio para convertirse en un problema de seguridad nacional para los dominicanos.
Con esa posición el mandatario no ha escatimado esfuerzos ni recursos y exigido con firmeza el involucramiento de la comunidad internacional.
Es de tal magnitud el asunto, que se yergue de seguridad hasta para la propia población haitiana, lo que se evidencia en el anuncio de la contratación de mercenarios extranjeros para enfrentar las bandas criminales.
La presencia del mercenario Erik Prince y su empresa Vectus Global para combatir las pandillas y para luego hacerse cargo del cobro de impuestos en los puestos fronterizos, da una idea de un desborde que tampoco controla el Consejo Presidencial de Transición, cuyo pasado presidente, Fritz Alphonse Jean, recién relevado del cargo, afirma no haber tenido conocimiento de tal contratación al tiempo que transmite su preocupación a los demás miembros del CPT.
Qué pensar de un tipo de política de seguridad interna basada en la posibilidad de aniquilar las pandillas con la sola garantía de la fuerza bruta y sin que ni siquiera estén al tanto los que supuestamente gobiernan.
La apuesta de la seguridad de un país a un grupo de mercenarios no puede inspirar confianza de que puedan lograr lo que ni siquiera hicieron millares de bien entrenados soldados cascos azules de la ONU. En un momento determinado, la Minustah tuvo en el terreno a más 20 mil efectivos y dejaron a Haití peor de lo que estaba.
De ahí la peligrosidad para los dominicanos y la necesidad de que todos a una acompañemos al presidente de la República en su prédica de que lo que acontece en Haití trasciende lo propiamente migratorio.
Un problema de seguridad nacional para nosotros que se agrava por la progresiva desintegración de la estructura de un Estado de por sí fallido y de un pueblo que parece acostumbrado al tutelaje y a intereses externos, y sin visos de tener respuesta propia.
fuenteelcaribe.com
