El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, controlado por magistrados afines al chavismo, consideró este lunes como una «infame agresión» que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, acusara de narcotráfico al gobernante Nicolás Maduro, a quien la institución venezolana manifestó su respaldo.
A través de un comunicado, leído en un vídeo por la presidenta del TSJ, la chavista Caryslia Rodríguez, se manifiesta que la decisión de Bondi es una «intromisión en los asuntos internos de Venezuela, una violación flagrante al derecho internacional, un atentado contra la soberanía y una grave ofensa al pueblo venezolano».
«(Son) actos que no se justifican de ninguna manera y que buscan, mediante una narrativa irreal, fortalecer la guerra psicológica y falsa propaganda que, durante años, ha tratado de socavar la democracia en nuestro país», agrega el escrito.
El TSJ aseguró que Maduro «ha respaldado una política firme contra las bandas terroristas, la delincuencia organizada y el narcotráfico» y manifestó su «compromiso con la soberanía, la independencia y la defensa de todas y todos los venezolanos».
Este lunes, el Consejo Nacional Electoral, controlado por funcionarios afines al chavismo, también expresó su respaldo a Maduro ante las que consideró las «insolentes declaraciones» de la fiscal general de Estados Unidos, quien, además, anunció una recompensa de 50 millones de dólares a cambio de información que conduzca a su arresto del líder chavista.
El Parlamento, controlado por el chavismo, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional Bolivariana y otras instituciones del Estado han rechazado también la anunciada recompensa de EE.UU., que duplica la ofrecida el pasado enero.
El pasado jueves, la fiscal general de EE.UU. compartió en redes sociales un vídeo en el que describió la recompensa como «histórica» y señaló a Maduro también como una amenaza para la seguridad de la nación norteamericana.
Bondi lo acusó de utilizar «organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas letales y violencia» en EE.UU.
La fiscal también reveló que el Departamento de Justicia de su país ha incautado más de 700 millones de dólares en activos supuestamente vinculados a Maduro, así como dos aviones privados y nueve vehículos.
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