El 18 de junio, la jueza Fátima Veloz, del Décimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, calificó el proceso del Jet Set como “complejo” tras evaluar la magnitud de la tragedia, la pluralidad de víctimas y la cantidad de pruebas técnicas necesarias.
Al considerarse caso complejo, el Ministerio Público recibió una ampliación de ocho meses para profundizar en peritajes estructurales, entrevistas a testigos nacionales e internacionales, y la elaboración de un expediente sólido antes de presentar acusación formal.
Antonio y Maribel Espaillat están sujetos a una fianza conjunta de RD$100 millones (RD$50 millones cada uno), presentación obligatoria el día 30 de cada mes y prohibición de salida del país. Estas medidas se mantendrán mientras dure la investigación.
Puntos clave
- El caso Jet Set fue declarado “complejo”, con ocho meses adicionales para investigación.
- Fianza conjunta de RD$100 millones impuesta a los hermanos Espaillat.
- Presentaciones mensuales y restricción de salida del país son medidas cautelares vigentes.
- La resolución detalla la necesidad de peritajes técnicos y testimonios dispersos.
- Plazo límite para acusación formal fijado en febrero de 2026.
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Razonamiento de la jueza
La resolución (N.º 0670‑2025‑SMDC‑01177) señala que la complejidad del caso se sustenta en “la pluralidad de hechos punibles”. Entre ellos, número de víctimas, entrevistas dispersas geográficamente y pruebas periciales especializadas.
La fiscalía tendrá hasta febrero de 2026 para consolidar los datos necesarios. Principalmente, análisis técnicos, testimonios de víctimas y técnicos. Asimismo, seguimiento a posibles responsabilidades civiles y penales relacionadas a negligencia empresarial.
El Jet Set ahora es un debate social
La decisión genera opiniones divididas. Mientras algunos aplauden la rigurosidad del proceso, otros cuestionan el permiso de libertad condicional ante la gravedad del caso y el riesgo de fuga o manipulación de pruebas.
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Con el caso en etapa de investigación compleja, la defensa tiene posibilidad de presentar recursos o acuerdos extrajudiciales. El seguimiento ciudadano y la presión social podrían influir en la velocidad y transparencia del proceso.
