Como medio de comunicación que defiende la institucionalidad democrática y el respeto escrupuloso de nuestra Constitución y de las leyes, no ocultamos la satisfacción por la actuación de una nueva unidad especializada de la Policía Nacional, creada para prevenir y perseguir las invasiones y ocupaciones irregulares de la propiedad privada y del Estado.
En efecto, esta unidad, amparada en el decreto 668-22 de noviembre de 2022, atendió denuncias sobre la ocupación de terrenos de lo que proyectaba ser el “Boca Chica Country Club”, e intervino el pasado miércoles para desalojar a ocupantes ilegales que habían levantado casuchas.
Lo que se pudo comprobar con este desalojo no solo fue la ilegalidad de la ocupación, lo que se daba por descontado, sino que hay detrás un articulado modus operandi.
Para invadir estos terrenos en Boca Chica, que fueron parte de una denuncia periodística por situaciones similares en San Cristóbal, en Altos de la Colombia y Navarrete, se utilizó un mismo patrón: una mafia inmobiliaria que involucra militares, abogados, funcionarios municipales, contratos falsificados y firmas de personas fallecidas o ausentes del país; también sobornos y amenazas directas contra los propietarios legítimos.
Pero también se juega al cansancio, al desgaste, al amparo cómplice de la lentitud del aparato judicial, y a la inacción de organismos públicos.
Por lo general, los ocupantes pagan una suma irrisoria por el solar que el fraudulento propietario les “vende”, con la promesa de una futura regularización, porque se apuesta a que con el paso del tiempo se “normalice” la ocupación del terreno.
Es una mala práctica muy extendida, a juzgar por lo que recoge Bienes Nacionales en sus memorias que corresponden al 2024, en las que se consigna la realización de 396 investigaciones sobre ocupaciones de propiedades privadas o estatales.
Al felicitar la actuación enérgica de la Policía Nacional a través de su unidad especializada para la prevención y persecución de ocupaciones irregulares, reivindicamos el espíritu del decreto que la crea, que reconoce la propiedad privada, la seguridad jurídica y el interés público de alta prioridad nacional.
Lo que resta es la aplicación rigurosa, sin debilidad, sin distinciones ni desigualdad, de las legislaciones que sancionan la invasión de propiedades privadas o estatales. Con más vigor en los casos de reincidencia.
