Puerto Plata.- El Ministerio Público solicitó la declaratoria de caso complejo y la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra un hombre y una mujer cabecillas de una red transnacional de trata de personas para explotación sexual comercial, desmantelada en Puerto Plata.
Julio de la Cruz Vásquez (Nacho o Gordo) y Leonelis Rodríguez Martínez fueron sometidos a la justicia y se solicitó la imposición de medidas de coerción a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata.
Ambos enfrentan cargos por delitos de trata de personas agravada, abuso psicológico y sexual contra menores de edad y proxenetismo agravado, en violación a las leyes 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y el Código para la Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03). A De la Cruz Vásquez también se le imputa la usurpación de funciones.
El Ministerio Público ejecutó una orden de arresto en su contra luego de establecer en el transcurso de la investigación que se dedicaban a captar, trasladar y ofertar a mujeres y adolescentes de diferentes barrios de Puerto Plata, con fines de explotación sexual.
La acción contra la red se puso en marcha el pasado 30 de mayo, tras el inicio de la investigación a cargo de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), conjuntamente con la Fiscalía de Puerto Plata, representadas por sus titulares, la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez y el fiscal Warlyn Taveras, con la participación de la fiscal de la PETT Noelia Taveras y los fiscales de Puerto Plata Carmen Daynisa Rosario Pascual, Carmelina Soto e Hilda Patricia Lagombra Polanco.
Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio Público desplegó un conjunto de acciones de inteligencia e intervenciones estratégicas que permitieron destapar un esquema estructurado y recurrente de criminalidad organizada.
Como parte de la ivestigación fue allanada una villa de dos niveles ubicada en la calle principal del sector Cupey, en el municipio San Felipe, la cual era utilizada por la red como centro de operaciones, siendo rescatadas en la misma nueve víctimas, entre ellas, seis mujeres con edades entre los 18 y 28 años, así como tres adolescentes de 17 años de edad.
Durante la investigación se determinó que en el lugar se ofertaban los servicios sexuales de mujeres, así como de adolescentes de entre 15 y 17 años, previo el pago de sumas que oscilaban entre 120, 200, 250 y 400 dólares. En una de las transacciones por servicios sexuales se estableció que el imputado De la Cruz Vásquez recibió la suma de 1,600 dólares por un servicio.
Durante el operativo contra la red se ocupó un vehículo tipo minibús, dinero en pesos y dólares, así como teléfonos móviles y diferentes tipos de bebidas alcohólicas. También, un carnet de identificación de empleado de contratación temporal de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD) a nombre del procesado De la Cruz Vásquez.
Las acciones contra la red iniciaron luego de que el pasado 13 de marzo de 2025, la División Especializada de Investigación contra Delitos Migratorios (Deidem), adscrita a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), de la Policía Nacional, recibiera la información del caso mediante una denuncia confidencial.
