Cuando Vatican News, portal de noticias de la Santa Sede, se hace eco de denuncias contra nuestro país por las medidas migratorias y la presunta expulsión de parturientas y niños, no hay ninguna respuesta de nuestra parte; cuando la misma agresiva imputación aparece en El País, de España, por ejemplo, y nadie responde, la conclusión es que “nos están acabando” sin que el Gobierno ni nuestras embajadas reaccionen.
Quizá sea momento de articular en el exterior la defensa de nuestra política migratoria, propia y exclusiva de un Estado soberano. En otras ocasiones se han tocado puertas y hasta se hizo lobbismo para enfrentar este tipo de campaña, pero esta vez es más grave porque las imputaciones, muchas veces absurdas, no solo llegan de Amnistía, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni de la Organización Mundial de las Migraciones y ONGs pro Haití que siempre nos condenan.
El ejemplo de Vatican News y El País vale para cualquiera de nuestras embajadas, ¿o será que esperan recibir instrucciones de la Cancillería y un detallado manual con las 15 medidas que se implementan?
Difícilmente aparezca este 2025 algún informe favorable al país sobre respeto a los derechos humanos; nos tenemos ganada desde ya la calificación adversa, pero sería peor si no hay ninguna reacción.
Inclusive, porque con las parturientas y la interdicción de menores está extendida la creencia de que se transgreden normas humanitarias, internacionalmente concita apoyo en entidades que no son las que tradicionalmente se pronuncian, por lo que resulta perentorio trazar una estrategia.
El tema de las deportaciones corre parejo con el agravamiento de la crisis en Haití, lo que obliga a ir más a fondo; no basta con asumir que el que se hace eco de estas denuncias es por desinformación o solo se limita a recoger datos provenientes de intereses prohaitianos.
La ofensiva contra RD es grande; se magnifican supuestas medidas inhumanas mientras se dice que ignoramos la crisis humanitaria que se vive en Haití.
Nuestro país tiene la obligación de salir a defender su verdad. Las autoridades no se pueden quedar en el estrecho marco de regodearse con la gran cantidad de haitianos que deportan y denunciar la indiferencia de la comunidad internacional.
Tampoco dar por descontado que a la inmensa mayoría dominicana le resulta odioso y rechaza que desde fuera nos condenen por cuestiones que en gran medida no responden a la realidad.
