Santo Domingo, RD.- La prestigiosa revista estadounidense Americas Quarterly publicó el pasado 14 de marzo un artículo denunciando la “persecución” y la “violación sistemática” de los derechos de políticos de la oposición, por parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
De acuerdo al artículo firmado por Víctor Mosquera Marín, abogado internacional de derechos humanos y fundador de Derechos y Justicia Asociados, esta dependencia “dirigida por los fiscales Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, ambos nombrados por Abinader, ejerce amplios poderes discrecionales en sus investigaciones y acciones judiciales, en abierta contradicción con las normas internacionales de derechos humanos”.
El escrito menciona el caso contra el ex procurador general Jean Alain Rodríguez, destacando que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (GTDA) emitió una decisión en la que declaraba que fue “perseguido” y encarcelado arbitrariamente por “los fiscales designados por el presidente Luis Abinader”.
“El GTAD observó un patrón en las prácticas de lawfare del PEPCA, tales como la afirmación de culpabilidad en ausencia de cargos o juicio, el lanzamiento de una campaña pública para desacreditarlo, una detención preventiva prolongada y coercitiva que carecía de justificación legal, interrupciones sistemáticas de su derecho a la defensa legal y retrasos injustificados en su derecho a impugnar la legalidad de su encarcelamiento”, subrayó el abogado.
Añadió además que “estas prácticas han sido ampliamente utilizadas por Berenice y Camacho contra los opositores de Abinader en varias investigaciones de alto perfil (…) La PEPCA inicia investigaciones bajo un umbral legal muy bajo, lo que le da amplia discrecionalidad para seleccionar sus objetivos y obtener medidas coercitivas como hizo contra el Sr. Rodríguez Sánchez”.
Persecución penal parcializada y acoso a jueces
El articulista puntualizó que la República Dominicana destaca por ser uno de los pocos países del mundo donde el presidente nombra unilateralmente al Procurador General, lo cual “plantea interrogantes sobre el requisito fundamental de que la persona que supervise la persecución penal sea independiente, competente e imparcial”.
“En ningún momento la Fiscal General de Abinader, Miriam Germán Brito, ha ejercido supervisión para prevenir abusos de los derechos humanos por parte de Berenice o Camacho”, agregó.
Mencionó también que, en una audiencia pública, la jueza Ana Lee Florimón “afirmó el 23 de febrero que estaba siendo perseguida, después de que Berenice Reynoso intentara apartarla de la supervisión de una de sus investigaciones sobre un caso conocido como Operación Calamar.
“Aunque no se trata del tipo de abusos contra los derechos humanos que acaparan los titulares de todo el mundo (…) la persistencia del lawfare en los países democráticos depende de que sea ignorado por quienes pueden tener gran influencia a la hora de abordarlos”, concluyó el abogado.
