Asunción, 9 feb (EFE).– Quince de los 41 trabajadores afectados por una explosión que derivó en un escape de amoniaco en una fábrica de embutidos en Paraguay continúan este viernes en terapia intensiva, mientras otros 17 recibieron el alta, informó el titular de la Gerencia de Salud del estatal Instituto de Previsión Social (IPS), Carlos Morínigo.
«Tenemos 15 pacientes intubados y 3 en observación», explicó el especialista la Radio Monumental, consultado sobre la condición de los heridos a raíz del estallido de un cilindro de amoniaco en la fábrica de embutidos Ochsi, ubicada en la localidad de San Lorenzo (a unos 15 kilómetros de Asunción), que causó un fallecido.
Confirmó que los pacientes que permanecen en cuidados intensivos se encuentran en el hospital de especialidades quirúrgicas Ingavi, en la localidad de Fernando de la Mora, y en el hospital central del IPS, en Asunción, la capital del país.
Uno de los pacientes más críticos, que sufrió quemaduras en el 80 % del cuerpo, fue derivado a la sede central del IPS, que cuenta con una unidad especializada.
Además, informó que 17 pacientes «salieron de alta ya a su casa», pero con la advertencia de que deben ser trasladados a un centro asistencial en caso de algún signo de alarma.
Por su parte, la ministra del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, ordenó «la suspensión total de actividades» en la instalación de la empresa de embutidos en San Lorenzo.
La medida, difundida a través de la redes sociales por el despacho de Trabajo, garantiza «que los empleados reciban su salario mientras continúen las investigaciones y se implementen medidas de seguridad».
«Esta decisión, respaldada por investigaciones exhaustivas, busca asegurar condiciones óptimas de salud y seguridad para todos», complementó el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en su cuenta en la red X.
En diálogo con la radio ABC Cardinal, Recalde admitió que en su despacho no reposa «ni un registro de una fiscalización previa» a esta fábrica.
«No encontramos ningún historial. Revisamos prácticamente desde el 2010», señaló la funcionaria, quien ratificó que «lastimosamente no se ha detectado ningún tipo de fiscalización previa».
Recalde indicó que tienen registros de 729 trabajadores de esa planta asegurados ante el IPS, el organismo estatal encargado del servicio de salud y de las pensiones de los trabajadores.
Además, anunció que convocó para el próximo lunes a sus colegas y delegados de otras entidades públicas para hacer un mapeo de las industrias «que tienen este tipo de manejo de materiales químicos» o que requieren un seguimiento de salud y seguridad ocupacional para empezar a hacer «las inspecciones correspondientes y solicitar las documentaciones».EFE
