La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago impuso prisión preventiva contra los “cabecillas” de la supuesta estructura criminal desarticulada por la Operación Colibrí, acusados de falsificar documentos públicos y de otros crímenes.
La jueza Iris Sugelly Borgen Santana declaró el proceso de tramitación compleja e impuso prisión preventiva durante 18 meses a los procesados, advirtiendo el tribunal de la estrecha vinculación de todos los implicados y subrayando que «este tipo de estructuras no se forman de la noche a la mañana».
La prisión preventiva por 18 meses se impuso contra Luis Manuel Rodríguez Taveras, William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elias Ceballos Ramos, Ana Delia Isidra Tavarez Soto, Tomas Enmanuel Rodríguez Guzmán, Julio César Almonte Espinal, Arsenio Reyes y José Carlos Montero Troncoso.
Además de lo anterior, la jueza impuso garantías económicas a saldar mediante contratos por un monto de RD$ 500 mil cada uno para los imputados José Alfonso Acevedo García, José Rosario Marte, Yanuel Morales, Noel de Jesús Padilla Minaya, José Miguel Cruz Hiraldo, Rubén Amaurys Ramírez y Rubén Darío Núñez Ortega.
Este último grupo acudirá periódicamente por ante la fiscalía los días 17 de cada mes, y tienen impedimento a salir del país, sin previa orden judicial.
El próximo martes, a las 3:00 de la tarde, el mismo tribunal se abocará a conocer la solicitud de medida de coerción contra el imputado Fausto Merán, quien será asistido por un defensor público, debido a que su defensa técnica abandonó el proceso en plena audiencia.
Los implicados son acusados de falsificar actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios y de propiedad, licencias de conducir, licencias para el porte de armas, entre otros documentos públicos.
Asimismo, el Ministerio Público afirmó que tres de los implicados a admitieron los delitos, poniéndose a disposición del órgano investigador y a comprometerse con colaborar con la investigación.
Entre las pruebas materiales, el Ministerio Público aportó plásticos para la impresión de cédulas, carnet, licencias de conducir y para el porte de armas de fuego; también títulos de propiedad falsificados, entre otros elementos que constituyen una irrefutable demostración de la implicación de los detenidos con los hechos.
Los imputados se enfrentan a cargos penales descritos en los artículos 265, 266, 145, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal Dominicano; también los artículos 13 y 14 numeral 4 de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral; artículos 86 y 88 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales; artículo 6 párrafos 17, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
En adición, contra Acevedo García, se presentan cargos por la violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas de Fuego y Materiales Relacionados.
