SANTIAGO.- Como parte de la Operación Discovery 2.0, el Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago la imposición de 18 meses de prisión preventiva contra 24 integrantes de la estructura criminal que, apoyada en medios electrónicos, estafó y extorsionó a cientos de personas en Estados Unidos.
La Fiscalía de Santiago, que desarrolló la investigación en coordinación con la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, solicita además que se declare la tramitación del caso como complejo contra los integrantes de la organización criminal que perfilaba a las víctimas siguiendo una lista de criterios con la que determinaba su mayor grado de vulnerabilidad.
También, a Amaurys Joel Mesón Figuereo, Jonathan Ignacio Castro Güichardo, Arlin Josefina Rosa Rosario, Glorisel Martínez Peralta, Yenny Carolina Corniel Henríquez, Leslie Agnes Succart González, Lorena Franchesca Antigua Pérez y Juana Yadirys Ventura.
Los fiscales dominicanos desarrollaron la operación con la cooperación internacional de la Policía de Nueva York y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos.
Los investigadores estudiaron, durante trece meses, los perfiles de los ciberdelincuentes, sus distintas estrategias para infiltrarse y captar a las víctimas, así como la psicología del terror que utilizaban para engañar, convencer y despojar a las personas afectadas de bienes económicos.
Las labores implicaron el allanamiento de por lo menos tres centros de llamadas (call centers) en los que se produjeron los apresamientos y se incautaron los equipos electrónicos.
El Ministerio Público obtuvo evidencias que llevan a acusar a los implicados, provisionalmente, por violación a los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que tipifican la complicidad, asociación de malhechores, la usurpación de identidad y el artículo 405 que condena la estafa.
También, les imputa violar la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos, y otros artículos de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que castigan la obtención ilícita de fondos y la estafa a través de medios informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones.
