Santo Domingo.- Los abogados del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, denunciaron este miércoles el “injustificado” retraso de la Cámara de Cuentas para publicar la auditoría realizada a los últimos dos años de la gestión de su cliente en el Ministerio de Hacienda, a pesar de haberle notificado el 19 de octubre de 2022 su informe final.
La defensa del exministro afirma que con los resultados de estos informes se podrán desmentir las imputaciones infundadas que ha presentado el Ministerio Publico en su contra.
Señalan que, según el artículo 3 de la Ley 107-13, el órgano de control fiscal de los recursos públicos debió publicar los resultados de la referida auditoría en un plazo no mayor de 2 meses, contados a partir del día 28 de octubre 2022, fecha en la que el exministro comunicó a la Cámara de Cuentas sus observaciones al informe final notificado.
“Esa falta de publicación de los resultados de las auditorías es una omisión tan censurable que afecta considerablemente la institucionalidad del país y resulta también gravísima de cara al proceso judicial que se le sigue al señor Donald Guerrero porque con los resultados de estos informes se podrán desmentir las imputaciones infundadas que ha presentado el Ministerio Público para sostener su acción penal contra él”, fueron las palabras del jurista Manuel Rodríguez.
El equipo legal resaltó que el día 6 de octubre de 2021 fue celebrada una reunión con el objetivo de dar a conocer el informe final de la referida auditoría en la que participaron representantes de la Cámara de Cuenta, funcionarios del Ministerio de Hacienda, encabezados por el actual ministro José Manuel Vicente, y algunos funcionarios de la pasada gestión, entre estos el señor Donald Guerrero, quienes redactaron un acta del evento y la firmaron por entender válidos los resultados de la auditoría.
Auditorías favorables
La defensa de Donald Guerrero aseguró que a la fecha han sido emitidas tres auditorías de la Cámara de Cuentas relativas al manejo correcto de los fondos públicos durante su gestión. Lo que, según los letrados, hacen de su cliente el único investigado bajo prisión preventiva con tal cantidad de auditorías que avalan la pulcritud de su gestión.
