Santo Domingo, RD.- El Poder Judicial de la República Dominicana, prescindido por el magistrado Henry Molina, se comprometió a trabajar de forma incansable junto a los demás países que integran el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC) para lograr objetivos comunes y avanzar en el camino hacia una justicia más eficiente, confiable, digital, abierta, accesible y con especial atención a las personas vulnerables.
La institución asumió la presidencia pro tempore del CJCC, función que estará a cargo del magistrado Luis Henry Molina Peña, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial dominicano.
El traspaso se produjo de parte de la magistrada Maite Oronoz Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, durante el acto de inauguración en República Dominicana de la Reunión Ordinaria del CJCC, que se desarrolla del 12 al 14 de este mes, en la que participan presidentes y presidentas de las Cortes Supremas de Justicia de los países miembros del Consejo.
El magistrado presidente de la SCJ manifestó que para él constituye un honor y un privilegio asumir la nueva responsabilidad, y sostuvo esta servirá para fortalecer y continuar el trabajo invaluable realizado por la anterior presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, quien ostentó la presidencia pro tempore del CJCC desde el 15 de junio de 2022 hasta la fecha.
“Agradezco profundamente la confianza depositada en el Poder Judicial de la República Dominicana para asumir este rol. Les aseguro que pondremos todo nuestro empeño y determinación en llevar adelante nuestra misión de fortalecer la independencia judicial y promover el impulso de los sistemas de carrera judicial y del Estado de Derecho”, subrayó el juez presidente dominicano.
Destacó que el CJCC es un relevante órgano del Sistema de Integración Judicial Centroamericana que establece canales permanentes para coordinar y adoptar políticas en materia de aplicación judicial y para la seguridad jurídica entre los distintos poderes judiciales de los países que integran la comunidad.
Asimismo, agregó “pondremos gran esfuerzo en la extensión regional de la meta que nos compromete desde el primer día ante el Poder Judicial dominicano: lograr una justicia al día para garantizar la dignidad de las personas”.
El magistrado Luis Henry Molina concluyó que continuará trabajando para aprovechar las herramientas y adaptar la justicia a los desafíos y demandas de la sociedad de hoy en beneficio de los sistemas judiciales de la región.
De su lado, en un informe preliminar de su gestión que rindió ante el CJCC, la magistrada Maite Oronoz Rodríguez dijo que, al asumir la presidencia pro tempore para el período 2022-2023, el Poder Judicial de Puerto Rico reconoció el privilegio y la responsabilidad que esto conlleva, “por lo que hemos ejercido esta representación con sensibilidad, compromiso y transparencia”.
A la reunión del CJCC asistieron representantes de los Poderes Judiciales de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Puerto Rico, países que junto a la República Dominicana pertenecen a dicho Consejo Judicial.
En el encuentro fungieron como observadores representantes de las Cortes Supremas de Cuba y México; así como una representación del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
Durante la reunión del CJCC, los grupos de trabajo de cada país presentaron sus informes de las labores desarrolladas en este período y los sometieron a la aprobación de los presidentes y presidentas de Poderes Judiciales, sobre temas como combate al delito del narcotráfico, lavados de activos, justicia restaurativa, justicia al día, avances tecnológicos, cooperación judicial, justicia oportuna, estado de derecho, seguridad jurídica.
A través de este espacio, los países miembros pueden enfrentar desafíos y trabajar juntos para mejorar la calidad de la justicia, fortalecer la transparencia y promover la eficiencia de los sistemas judiciales.
El CJCC es un órgano regional que promueve e integra políticas en materia de administración de justicia y seguridad jurídica entre poderes judiciales de los países miembros, mediante el establecimiento de canales permanentes de diálogo y coordinación para la adopción de diversos compromisos institucionales.
