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Los arrestos fueron realizados por fiscales la madrugada del domingo en diferentes puntos del país
Tras una serie de interrogatorios e investigaciones en la denominada “Operación Anti-Pulpo”, las autoridades apresaron ayer a 10 personas, entre ellas, exfuncionarios, proveedores y supuestos testaferros, quienes alegadamente aprovecharon vínculos políticos para acumular fortunas durante el pasado Gobierno peledeísta del expresidente Danilo Medina.
Tras los apresamientos, el Ministerio Público afirmó que varios de los exfuncionarios detenidos estaban destruyendo, ocultando evidencias, intimidando a testigos y haciendo movimientos financieros orientados a ocultar estados financieros injustificados.
Los arrestos por corrupción administrativa iniciaron la madrugada del domingo en diferentes puntos del país.
Los hermanos del exmandatario Medina Alexis y Carmen Magaly, esta última exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), fueron de los primeros apresados.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) también detuvo a Francisco Pagán, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), quien había sido interrogado en al menos tres ocasiones por su declaración jurada y su gestión frente a la disuelta entidad. La última vez fue el pasado viernes 29 de noviembre.
Además, Fernando Rosa, expresidente de la igualmente disuelta Fonper; apresado en Santiago; Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública, en Fantino. Ambos, fueron trasladados hacia el Distrito Nacional bajo custodia de Unidad de Traslado de Alto Riesgo (UTAR). Asimismo, Rafael Germosén, excontralor general de la República, y Aquiles Christopher, de la Unidad de Análisis de la OISOE.
También Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Domingo Antonio Santiago Muñoz, éstos supuestamente vinculados a Alexis Medina, quien sería el principal imputado en este caso, ya que habría sido favorecido con contratos por los exfuncionarios cuando dirigían las referidas instituciones públicas.
En este operativo, denominado por los investigadores “Operación Anti-Pulpo”, participó un grupo de fiscales que tuvo a cargo la responsabilidad de dirigir las pesquisas en las que participaron decenas de agentes de las tropas élites de la Policía Nacional.
La Pepca, que dirige Wilson Camacho, encabeza este proceso apoyada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y su titular, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.
Los imputados fueron trasladados a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, la cual recientemente fue puesta bajo la custodia del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.
Debido a que la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, se encontraba recuperándose, tras permanecer varios días ingresada en un centro médico por complicaciones de salud, el titular de la Pepca, Wilson Camacho, acudió ayer a su residencia para mantenerla informada sobre los detalles de estos apresamientos.
Camacho resaltó que los apresamientos siguen el curso planificado, con estricto respeto a los derechos y a la privacidad de los imputados de parte del Ministerio Público.
“Gestionamos órdenes de arresto que se podían ejecutar en horas de la noche justo para evitar que terceros pudieran violentar la privacidad de los imputados, un objetivo que logramos, salvo en los casos en los que los propios familiares de los allanados decidieron grabar y difundir imágenes en las redes sociales”, precisó el magistrado.
Añadió que “a todos los arrestados se les leyeron sus derechos y se les permitió ponerse vestimenta adecuada para ser conducidos a un centro de detención”.
Recordó que, siguiendo los protocolos de seguridad, a ninguno de los arrestados se les permitió estar a solas en un espacio, sin custodia.
“El Ministerio Público, junto a los agentes policiales, puso todo su empeño en garantizar la privacidad de los prevenidos, un objetivo que, de nuestra parte, se logró plenamente. Los vídeos que hacen los familiares de los imputados son de su absoluta responsabilidad y confiamos en que ellos estarán interesados en salvaguardar su privacidad, pero es algo que escapa al Ministerio Público”, dijo.
Abogados afirman arresto es abusivo y arbitrario
Sin embargo, los abogados de varios de los detenidos consideraron que estos apresamientos fueron innecesarios.
El jurista Carlos Salcedo, quien defiende a Pagan y a Alexis Medina, afirmó ayer que estos arrestos son “absolutamente abusivos y arbitrarios”.
“El Ministerio Público no es verdad que tiene elementos suficientes para decir que cada uno de ellos ha cometido actos de corrupción, o ha cometido estafa contra el Estado dominicano, o se ha asociado para estafar al Estado dominicano”, sostuvo.
“Yo no quiero creer que este Ministerio Público, que es un principio independiente e imparcial y objetivo, se preste a simplemente responder a un llamado de la ciudadanía, justo en principios, pero la ciudadanía no sabe en general lo que procura la justicia, no atropellar, no actuar arbitrariamente, y aunque se le quiera decir, este arresto de cada uno de ellos, es un arresto, absolutamente abusivo y arbitrario”, afirmó.
“Evidentemente que la política juega un papel, pero en ese caso lo que hay que ver, si finalmente, el ingenieros Francisco Pagán, Alexis Medina, y el resto de las personas que están siendo involucradas en este caso, no están siendo condenadas anticipadamente”, recalcó.
Igualmente, el abogado de Carmen Magaly Medina, Rubén Puntier, afirmó que estos apresamientos no debieron realizase de esta forma, sino que debieron ser citados y hubieran comparecido. “Son gente con domicilio conocido, no son gente que van a salir del país huyendo, son gente que van a dar la cara, no entiendo la necesidad de desconsiderar a una persona”, expresó.
Dijo que su defendida no sabe la razón por la cual fue detenida, ya que no fue interrogada por las autoridades. “Eso es lo que queremos saber nosotros; por qué está aquí esa es la pregunta del millón; por qué razón ella está aquí”, sostuvo.
Juez debe conocerles medidas de coerción
Ahora, Ministerio Público debe depositar la solicitud de medida de coerción contra los apresados ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. Los detenidos deben ser presentados ante un juez a más tardar el martes. Existen siete medidas de coerción, que son la prisión preventiva, la garantía económica, el impedimento de salida, someterse a la vigilancia de una persona, presentación periódica, el uso de colocación de localizadores electrónicos y el arresto domiciliario.
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